El gobierno de Chiapas lo proclama como uno de los máximos proyectos de la entidad
Ejidatarios de municipios indígenas se oponen
Hoteleros y agencias de viajes lo promueven

San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de septiembre. La proyectada autopista de cuota San Cristóbal-Palenque, proclamada como la joya de la corona del actual gobierno chiapaneco, aunque con mayor inversión federal, y repetidamente mencionada en discursos gubernamentales, es a la vez un secreto, un fantasma. El reciente rechazo al proyecto por parte de la asamblea ejidal de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, volvió a poner a debate ese ambicioso proyecto, que ha sido señalado repetidamente como una amenaza contra centenares de comunidades tzeltales y tzotziles que serían vecinas a su trayecto o resultarían afectadas por él. Según el propio gobierno local, las obras “beneficiarían” a más de medio millón de personas. En diversas presentaciones de las secretarías de Finanzas, Obras Públicas y Turismo del gobierno chiapaneco se ha repetido que la vía tendrá 160 kilómetros. Los hoteleros de la región y las agencias de viajes ya la celebran y promueven. Si bien el trazo no se ha dado a conocer con precisión, el propio gobierno ha divulgado dos mapas, uno muy general que casi presenta una línea recta entre las dos ciudades, y otro algo más detallado que da a entender que atravesará cuando menos los municipios indígenas Tenejapa, San Juan Cancuc, Chilón, Tumbalá, Salto de Agua, y posiblemente Sitalá u Ocosingo. Al concluir agosto, en San Sebastián Bachajón se reunieron mil 878 ejidatarios, incluyendo algunas ejidatarias, para expresar su rechazo a “los invasores de nuestra tierra con las empresas trasnacionales como el Centro Integral de Palenque (CIP) y megaproyectos de infraestructura como la supercarretera de San Cristóbal a Palenque, la ampliación del aeropuerto en Palenque, la construcción de hoteles de nuestro territorio, (así como un) ferrocarril turístico y ecoarqueológico”. La reunión, el 30 de agosto, fue precedida por otras en Alan Sacum, Chich y Bachajón, los tres centros del ejido tzeltal, uno de los más extensos del estado, y que según los imprecisos planos oficiales sería atravesado por la autopista. Cascadas de Agua Azul, el nudo del problema En fechas recientes, en esa región se han presentado conflictos entre estos ejidatarios, adherente de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y mayoría en San Sebastián, y un grupo minoritario de miembros priístas de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), respaldado por la alcaldía, también tricolor, de Chilón. El nudo de ese problema es la caseta de cobro para ingresar al balneario de las cascadas de Agua Azul, ubicado en el vecino municipio de Tumbalá y administrado por priístas y miembros de Opddic. Al respecto, los ejidatarios de los tres centros “tomaron acuerdo en la asamblea que los ingresos económicos que se recaudan se sigan distribuyendo en las comunidad de San Sebastián Bachajón”. Opddic ha pretendido apropiarse de la caseta de peaje “para su interés particular”. En consecuencia, los ejidatarios se oponen a “las propuestas que tomaron los de Opddic el 6 de agosto en la presidencia municipal de Chilón, encabezados por Pedro Álvaro Hernández y Antonio Moreno López” de quitar ese recurso al ejido de San Sebastián. Como una hebra que se va desenredando, este asunto lleva a otro, evidentemente relacionado. La asamblea determinó cerrar con alambre de púas el banco de grava de las comunidades, “ya que los grupitos de Opddic lo están manejando ocultamente sin rendir cuenta en las asambleas”. La “gira” de la asamblea por los poblados, y la reunión conjunta de todos fueron presididas por Manuel Silvano Estrada, Santiago Moreno Pérez, José Guillén Díaz, Miguel Demeza Deara, Juan García Cruz, Miguel Aguilar Álvaro, Juan Gómez Álvaro, Antonio Gómez Álvaro, Manuel Hernández Guzmán y Juan Gómez Álvaro. Ellos son, respectivamente, presidente del comisariato interno del ejido, presidente del consejo de vigilancia interno, tesorero suplente del tesoro, suplente del consejo de vigilancia, y coordinadores de la otra campaña. También los “principales” de Alan Sacun y Chich. Desde marzo de 2008, por otra parte, un grupo de ciudadanos solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) información sobre el proyecto carretero, pero en los meses posteriores la dependencia negó reiteradamente su existencia. http://www.jornada.unam.mx/2008/09/21/index.php?section=politica&article=016n1pol

Avanza la inversión privada en Chiapas en detrimento de pobladores Concesionan tramo carretero a empresa española vinculada con los Mouriño Lanza el gobierno federal agresivo proceso de expropiación de terrenos en la Lacandonia Planean autopista y desarrollo turístico en cascadas de Agua Azul, en Tumbalá y Chilón Vinculada a la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño... San Cristóbal de las Casas, Chis. 23 de febrero. Más allá de las bonanzas y la paz declarativa del gobierno estatal, Chiapas parece más bien un campo minado, donde los conflictos de orden político cada día se relacionan más claramente con el avance de la inversión privada, la “transformación del paisaje” de manera radical (de Ostuacán a Palenque) en detrimento de la población indígena y campesina, la expropiación de tierras ejidales y comunales, la fiebre carretera (gasolinerías incluidas). Esto, en un territorio militarizado a gran escala, donde operan extraoficialmente grupos armados progubernamentales (que muchos llaman paramilitares) y las autoridades agrarias atizan conflictos –con frecuencia artificiales– entre comunidades. Los programas gubernamentales fluyen masivamente, en lo que parece una carrera contra reloj de corte estadístico llamada “índices de desarrollo humano”, además de ser instrumento para ganar o mantener lealtades. Habrá quien diga que cuál es la novedad en eso. Hay alarma en decenas de comunidades y ejidos de la selva Lacandona dentro o cerca de Montes Azules. El gobierno federal ha iniciado un agresivo proceso de expropiación de tierras ejidales, terrenos nacionales y áreas significativas de la comunidad lacandona, en favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y llevando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como ariete. Ecoturismo sí, indígenas no El anuncio de una inminente autopista San Cristóbal de la Casas–Palenque, a través del territorio tradicional de los tzeltales, con especial interés en el complejo fluvial de las cascadas de Agua Azul, en Tumbalá y Chilón, implica la “detonación” de un desarrollo turístico cuyo otro polo sería la ambicionada selva Lacandona. Mediante campañas publicitarias, programas televisivos locales, discursos y notas periodísticas, se promueve la idea de que el ecoturismo es la “mejor” manera de proteger el medio ambiente, y por inferencia (o explícitamente) los indígenas estorban, o representan una “amenaza ambiental”, y se presume que les irá mejor de lancheros o cuidacoches. Además, el tramo carretero habrá de enlazarse con la autopista que viene de Arriaga, en la costa, a la capital del estado y de ahí a los Altos; recientemente fue concesionada a la fantasmal empresa con capital español Consorcio México-España, vinculada a la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y su red de gasolineras Grupo Energético del Sureste. Si bien no existe registro público ni en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ni en Caminos y Puentes Federales de Ingreso (Capufe), ese consorcio ya administra al menos dos tramos de la autopista desde noviembre pasado, lo cual significó el súbito aumento del peaje, la desaparición de grúas y servicios de protección vial, la suspensión del mantenimiento y hasta el incumplimiento de indemnizaciones a las comunidades afectadas, según ha documentado la reportera Ángeles Mariscal, así como el sitio web de información periodística Tinta Fresca, de Tuxlta Gutiérrez. Zapatistas, un obstáculo El avance de las empresas de la familia Mouriño ya impacta en lugares tan improbables como Oxchuc, donde los caciques priístas locales gestionaron durante mucho tiempo la concesión de una gasolinera allí, en el camino a Ocosingo. Finalmente se expidió el permiso, pero no a ellos sino a la empresa hispanomexicana, que por lo visto administrará también las estaciones de gasolina que se instalen en la futura autopista San Cristóbal-Agua Azul-Palenque, así como en el trayecto Comitán-Montebello-Palenque. O sea, toda la selva Lacandona. Hoteles, restaurantes, comercios y servicios de capital privado vendrán por añadidura. En ese contexto, las comunidades en general, y las zapatistas en particular, tanto en Agua Azul como en Montes Azules, representan un obstáculo. Focos rojos de otro tipo aparecen en Zinacantán, donde crecen las amenazas de desalojo y expulsión de bases zapatistas, y en Chenalhó, donde una nueva beligerancia de “cardenistas” (priístas) amenaza con desestabilizar Polhó, Majomut y Acteal, y revive el fantasma, nunca ido, de los paramilitares: invasión de predios, disparos nocturnos al aire, amagos de agresión contra indígenas en resistencia. Y una fuerte inversión “social”, cosmética pero invasiva. http://www.jornada.unam.mx/2008/02/24/index.php?section=politica&article=010n1pol